En la vida de cualquier nación, el ejercicio presupuestal de un gobierno es un reflejo incontestable de su naturaleza y propósito. En México, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2024 ha suscitado un profundo cuestionamiento sobre las intenciones y prioridades del actual gobierno de Morena, encabezado por el presidente López Obrador.
Lo que se vislumbra en el PEF 2024 es una estrategia que va más allá de la simple administración de recursos públicos. Se trata de una manifestación de la voluntad del partido en el poder por mantenerse en el gobierno a toda costa. Este enfoque se manifiesta a través de un cambio significativo en la distribución del gasto público, que parece priorizar proyectos considerados propagandísticos por el presidente.
El Tren Maya, el Corredor Transístmico, la Refinería de Dos Bocas y diversos programas con un claro tinte electoral reciben una porción significativa del presupuesto, lo que sugiere un uso electorero de los fondos públicos. Estos proyectos, si bien pueden tener sus méritos, están siendo financiados en detrimento de áreas críticas como la educación, la cultura y organismos autónomos.
Es especialmente alarmante el recorte presupuestal que afecta a instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las instituciones de educación superior. Estas medidas ponen en peligro la independencia y la capacidad de estas instituciones para cumplir sus funciones de contrapeso y control en un sistema democrático.
El uso político del presupuesto no es un fenómeno nuevo en México ni en otros países, pero es esencial reconocer sus riesgos y consecuencias. La Constitución establece mecanismos de control político presupuestal interorgánico para equilibrar el poder entre los diferentes órganos del gobierno. Sin embargo, en este caso, se ha utilizado de manera aparente para castigar a las instituciones que han representado un contrapeso al gobierno de López Obrador.
El impacto de estas decisiones trasciende la esfera presupuestaria y amenaza la imparcialidad y eficacia de procesos cruciales, como la impartición de justicia y la realización de elecciones libres y justas. La asignación de recursos públicos de manera discrecional, en detrimento de áreas clave, pone en peligro la capacidad del Estado para abordar cuestiones de emergencia, como la reciente devastación causada por el huracán Otis en Acapulco.
La respuesta del gobierno frente a esta crisis natural parece estar condicionada a consideraciones electorales, lo que plantea preguntas sobre la priorización de la asistencia a los ciudadanos afectados. En lugar de una respuesta decidida, se reserva una posible ayuda adicional solo si quedan remanentes en las partidas presupuestarias.
En resumen, el PEF 2024 refleja una estrategia de gobierno que busca mantenerse en el poder a toda costa, utilizando los recursos públicos de manera selectiva para promover proyectos políticos y electorales, mientras se recortan áreas esenciales. Este enfoque plantea desafíos significativos para la democracia, la justicia y la capacidad del gobierno para responder eficazmente a las necesidades de sus ciudadanos. La nación observa atentamente cómo se desarrollarán los acontecimientos en este crítico escenario presupuestario.
