Partido Humanista denuncia al alcalde de Mérida por delitos electorales

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Medio Alternativo del Sureste.- 10 de abril de 2015.- Por violación a la Ley General en Materia De Delitos Electorales, la dirigencia estatal del Partido Humanista interpuso este día una denuncia en contra del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, ante la Vicefiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

La autoridad competente registró el recurso legal interpuesto por el Partido Humanista con el expediente 003/VEDE/2015.

Dicha denuncia es extensiva al director general de la paramunicipal Servilimpia, Jorge Alejandro Briceño Montero, y a quien o quienes resulten responsables por hechos probablemente constitutivos de delitos electorales, de conformidad al artículo 395 del Código Penal Del Estado De Yucatán, y los artículos 5 y 11 fracción III Y IV.

Lo anterior debido que el alcalde panista de Mérida, Barrera Concha en pleno horario de labores convirtió la sede del Ayuntamiento de Mérida en pasarela de candidatos de su partido, con Mauricio Vila Dosal a la cabeza como aspirante a la alcaldía.

Un día antes de dicho encuentro, Vila Dosal visitó la paramunicipal Servilimpia donde pidió el voto del personal que ahí labora. Cabe señalar que dicha visita fue realizada entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde del lunes 6 del mes en curso.

Al día siguiente y como parte de una estrategia de campaña, Renán Barrera Concha recibió en su despacho del Ayuntamiento de Mérida al candidato de su partido a la alcaldía de la ciudad capital, éste con la finalidad notoria de realizar actos de proselitismo electoral en un edificio público de la administración municipal.

Al igual que ocurrió en la paramunicipal Servilimpia, la visita de Vila Dosal al Palacio Municipal ocurrió entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde del martes 7 del mes en curso, es decir, en pleno horario de labores del alcalde de Mérida.

La Coordinación Estatal del Partido Humanista afirma que los actos de proselitismo electoral anteriormente citados son violatorios del bien jurídico protegido consistente en la preservación de la equidad electoral y que debido al uso de recursos públicos que no deben ser utilizados para beneficios electorales de algún candidato o partido político.

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