ONGS piden al Gobierno de Peña Nieto acatar las recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa

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Medio Alternativo del Sureste, 27 de marzo de 2015.- Nueve organismos humanitarios lamentan que el Gobierno intente «deslegitimar y no tomar en cuenta» las recomendaciones y observaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos, como por ejemplo los informes del Relator Especial sobre la Tortura de la ONU y del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La investigación federal sobre la desaparición de los estudiantes continúa, según las pesquisas habrían sido asesinados, sus cuerpos calcinados y lanzados a un río, pero sólo un estudiante ha sido identificado por las trazas de ADN.

Ante ese dilema, Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); JASS (Asociadas por lo Justo); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Robert F. Kennedy Human Rights, llamaron al Gobierno mexicano a ofrecer su completo apoyo a la labor de un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargado de la revisión del caso y que implemente sus recomendaciones.

Las ONG piden al Gobierno de Enrique Peña acatar las recomendaciones emitidas la semana pasada por la misión de la CIDH, organismo autónomo de la OEA, que consiste en reclasificar el caso como «desaparición forzada» –y no solo como homicidio y secuestro- debido a que agentes del Estado (al menos policías municipales y un alcalde cómplice de sicarios narcotraficantes) participaron en los ataques la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Además se pide continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos; asegurar la preservación de la evidencia; que el Gobierno otorgue asistencia médica a las personas afectadas por este crimen, incluyendo a familiares de las víctimas y al estudiante de magisterio rural Aldo Gutiérrez, quien continúa en coma por las lesiones sufridas durante los ataques de septiembre.

Se respalda el pedido de garantizar acceso a la CIDH a toda la información que necesite, incluyendo una copia digital del expediente judicial, y una entrevista con los militares del Batallón del Ejército en Iguala, Guerrero, de quienes los familiares tienen sospechas de que actuaron con omisión o algún grado de complicidad.

Otras recomendaciones piden ampliar el uso de imágenes satelitales registradas en las noches del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, e instar al Congreso mexicano a aprobar rápidamente legislación sobre desaparición forzada basada en estándares de derecho internacional de los derechos humanos.

A finales de enero, en un balance del caso, el exprocurador federal Jesús Murillo dijo que «el análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en la ciencia».

La investigación concluye que el grupo de narcotraficantes de Guerreros Unidos (una rama del mermado cartel de los hermanos Beltrán Leyva) estaba implicado en una trama delincuencial en la cual «participaban, delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa «, ambos ya en prisión, junto con casi un centenar de detenidos por el caso.

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