Medio Alternativo del Sureste.- 12 de marzo de 2015.- El arzobispo Silvano Tomasi, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra, intervino el pasado 4 de marzo en la XXVIII Sesión del Consejo de Derechos Humanos que abordaba la cuestión de la pena de muerte.
»La Delegación de la Santa Sede -dijo el nuncio- se une al creciente número de Estados que apoyan la quinta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidiendo una moratoria global sobre el uso de la pena de muerte. Entre la opinión pública es cada vez mayor el apoyo a las diversas medidas para abolir la pena de muerte o suspender su aplicación. Y esta delegación espera que ese dato impulse a los Estados que aún aplican la pena de muerte a avanzar hacia su abolición».
El arzobispo explicó que hace veinte años bajo el pontificado de san Juan Pablo II la posición de la Santa Sede sobre esa cuestión se enmarcó en el contexto ético de la defensa apropiada de la dignidad inviolable de la persona y del papel que tiene la autoridad legítima para defender de forma justa el bien común de la sociedad »Teniendo en cuenta las situaciones prácticas que existen en la mayoría de los Estados, como resultado de las constantes mejoras en la organización del sistema penal -afirmó el arzobispo- hoy está claro que medidas diversas de la pena de muerte son suficientes para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger el orden público y la seguridad de las personas. Por esa razón, «la autoridad se limitará a servirse de esos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana».
También Benedicto XVI afirmaba en 2011 que las iniciativas políticas y legislativas que se están promoviendo en un número creciente de Estados para eliminar la pena de muerte y continuar los avances concretos para conformar la legislación penal, tanto a la dignidad humana de los detenidos como al mantenimiento efectivo del orden público van por el camino justo. Y el Papa Francisco ha subrayado, por su parte, que la práctica legislativa y judicial de la autoridad del Estado siempre debe guiarse por la «primacía de la vida y la dignidad de la persona humana», señalando además «la posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que hacen los regímenes totalitarios y dictatoriales (…) como medio de suprimir la disidencia política, o de persecución de las minorías religiosas y culturales».
»El respeto por la dignidad de toda persona humana y el bien común -subrayó monseñor Tomasi- son los dos pilares sobre los cuales se asienta la posición de la Santa Sede. Estos principios convergen con un enfoque similar en la ley y en el derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente, hay que tener en cuenta el hecho de que de la aplicación de la pena de muerte no resulta ningún claro efecto positivo de disuasión y que la irreversibilidad de la misma no permite ninguna corrección en caso de condenas erróneas».
Por lo tanto, la Delegación de la Santa Sede »sostiene firmemente que es posible el uso de medios incruentos para defender el bien común y promover la justicia, e invita a los Estados miembros a modificar sus sistemas de justicia penal para demostrar su adhesión a una forma más humana de la pena. En cuanto a los países que afirman que el abandono de esta práctica todavía no es posible, la Delegación les anima a tratar de ser capaces de hacerlo».
En resumen, la Delegación de la Santa Sede »apoya plenamente los esfuerzos por abolir el uso de la pena de muerte y con el fin de lograr ese objetivo tan deseado, es necesario dar los siguientes pasos: apoyar las reformas sociales que permiten a la sociedad poner en práctica la abolición de la pena de muerte; mejorar las condiciones carcelarias, con el fin de garantizar el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad».