La situación de Pemex se mantiene complicada para el mediano plazo. La Empresa Productiva del Estado se vio sometida a un ajuste por 100,000 millones de pesos que supuso no sólo eficiencia de gasto, sino reducción en inversiones. Esto se ha traducido en una menor producción que complica el ya de por sí deteriorado estado financiero de la compañía.
En opinión de José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos, la empresa sólo podrá estabilizarse si logra adecuar su operación a los bajos precios del petróleo y si logra sacar provecho a la reforma energética a través de mayor inversión conjunta con el sector privado, dijo durante su participación en la 17 Conferencia Anual de Moody’s en México.
Para paliar este impacto, Pemex espera que la reforma energética ofrezca alternativas de asociación con empresas privadas.
“Tras el ajuste, tuvimos que posponer el desarrollo de una cuenca en aguas profundas, que suponía una inversión de 13,000 millones de pesos. Este proyecto implica riesgos financieros, geológicos y tecnológicos. Reformular el desarrollo del proyecto para ejecutarlo en conjunto con un socio permite que la inversión sea más eficiente”, detalló.
González Anaya explicó que la figura Farm Out ayudará a dotar de oxígeno a la petrolera, pues, en el caso del campo Trion, de agua ultraprofunda, se requiere de una inversión de 11,000 millones de dólares para extraer 485 millones de barriles, un proyecto que tendrá que realizarse de manera conjunta con otra u otras empresas privadas.
El gobierno inyectó a Pemex 73,500 millones de pesos ante la necesidad de la petrolera de cumplir con sus compromisos de deuda. Este apoyo ha ocasionado que las calificadoras de riesgo pongan atención en la nota soberana de México.
La deuda de Pemex al 31 de diciembre de 2015 es de 86,000 millones de dólares además de un pasivo laboral de 72,000 millones de dólares. Moody’s estima que en el próximo año, la petrolera requerirá apoyo adicional por entre 17,000 y 20,000 millones de dólares y, en caso de que la empresa no tenga acceso a los mercados, el gobierno federal sería responsable de aportar la mitad de los recursos, explicó Nymia Almeida, VP Senior Credit Officer, de Moody’s.
Fuente Forbes