En su primer discurso como presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció una medida que rápidamente generó debate internacional: su intención de firmar una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como el «Golfo de América». Esta decisión, que calificó como parte de un mandato de «cambios históricos», ha suscitado preguntas legales, diplomáticas e históricas sobre la viabilidad de tal movimiento.
El Golfo de México: Un recurso compartido
El Golfo de México es una vasta cuenca oceánica que abarca más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados y baña las costas de tres países: México, Estados Unidos y Cuba. Este cuerpo de agua es esencial para la economía de todos ellos, con una importancia clave en la producción de petróleo, la biodiversidad marina y las actividades comerciales y turísticas.
Cinco estados mexicanos, cinco estados estadounidenses y dos provincias cubanas tienen litoral en el golfo, cuyas fronteras marítimas están reguladas por tratados internacionales y organismos como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
El nombre «Golfo de México» tiene una historia de más de 400 años y apareció en mapas europeos desde el siglo XVI. Aunque el término «México» en este contexto proviene de la raíz náhuatl asociada con la antigua ciudad azteca, el uso del nombre ha trascendido el tiempo como una referencia geográfica ampliamente aceptada.
¿Es legalmente posible cambiar el nombre?
Para que el Golfo de México adopte oficialmente un nuevo nombre, sería necesaria la aprobación de México y Cuba, así como la evaluación de organismos internacionales como la Organización Hidrográfica Internacional (IHO) y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas en Nombres Geográficos (UNGEGN). Sin embargo, es poco probable que estos países acepten tal cambio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la propuesta con ironía, sugiriendo que Estados Unidos podría llamarse «América Mexicana» si la lógica fuera la misma. Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, reafirmó que el nombre «Golfo de México» no cambiará y destacó la importancia de centrarse en la relación bilateral en lugar de entrar en debates nominales.
La alternativa de un cambio unilateral
Si México y Cuba rechazan la propuesta, Trump podría buscar una solución unilateral mediante la Junta de Estados Unidos para Nombres Geográficos (BGN), que regula los nombres oficiales utilizados por el gobierno federal en mapas y documentos.
La historia reciente ofrece precedentes para cambios de nombres geográficos en Estados Unidos, como el renombramiento del monte McKinley a monte Denali durante la administración de Barack Obama en 2015. Curiosamente, Trump también anunció su intención de revertir esta decisión como parte de su programa de cambios simbólicos.
Un cambio unilateral del nombre del golfo, sin embargo, no tendría validez fuera de Estados Unidos, y sería percibido como un gesto simbólico más que como una medida efectiva en el ámbito internacional.
Impacto diplomático y social
La propuesta de Trump ha generado reacciones encontradas. Para algunos de sus seguidores, el cambio del nombre simboliza una reafirmación del poder estadounidense. Sin embargo, otros lo ven como un intento de desviar la atención de asuntos más relevantes y como un gesto que podría tensar las relaciones con los vecinos del sur.
En redes sociales, la controversia no tardó en escalar. Críticos han señalado la medida como «innecesaria» y «provocadora», mientras que sus defensores argumentan que Estados Unidos realiza una parte significativa de la actividad económica en el golfo, justificando así la propuesta.
Conclusión
Aunque Donald Trump puede impulsar el uso del nombre «Golfo de América» dentro de las fronteras estadounidenses, es improbable que este cambio sea reconocido a nivel internacional. Más allá de las cuestiones legales y diplomáticas, la propuesta pone de manifiesto las complejidades históricas y culturales que rodean a los nombres geográficos compartidos.
Mientras tanto, el Golfo de México continúa siendo un espacio vital para las economías y comunidades de los tres países que lo comparten, sin importar cómo se le llame en los discursos presidenciales.
