297 personas que participaron en las inusuales protestas antigubernamentales en Cuba el 11 de julio de 2021 fueron sentenciadas a prisión, entre los que se incluyen 36 condenados a penas de entre 5 y 25 años por el delito de sedición.
Este lunes, la Fiscalía General de la República informó que asciende a 381 el total de sancionados por los hechos «que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista», incluyendo 16 jóvenes de entre 16 y 18 años.
15 de estos jóvenes están entre los 84 sancionados que no han sido enviados a prisión sino que han recibido penas alternativas.
Las sentencias firmes que los tribunales populares han informado a la fiscalía son, hasta el momento, 76, y los delitos van desde sedición hasta sabotaje, robo y violencia, atentados, desacato y desórdenes públicos. Desde diciembre se han sucedido en Cuba los juicios a manifestantes del 11 de julio, con centenares de acusados.
La Fiscalía añadió que, entre las sanciones, se incluyen indemnizaciones a las personas lesionadas durante las jornadas de protesta, así como la reparación de daños ocasionados.
El 11 de julio
Las protestas del 11 de julio, donde miles de cubanos participaron cantando por la «libertad», fueron un hito en un país donde las manifestaciones contra el poder son poco habituales. De hecho, las concentraciones públicas no autorizadas son ilegales en Cuba. Más de mil personas fueron detenidas.
Se produjeron en medio de una grave crisis económica y los manifestantes expresaron su enojo por los aumentos de precios y la escasez de alimentos y medicinas. Muchos también fueron críticos con el manejo de la pandemia de covid por parte del gobierno cubano.
El Partido Comunista describió las protestas como un intento respaldado por Estados Unidos de derrocar al gobierno. Además, culpó a las sanciones de Estados Unidos de los problemas que provocaron las protestas y ha alegado en varias ocasiones que fueron financiadas e instigadas por grupos con sede en el país norteamericano.
Las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque en ocasiones puntuales se vandalizaron vehículos policiales y saquearon tiendas estatales. La policía las reprimió y hubo enfrentamientos en los que al menos una persona murió y decenas resultaron heridas.
Los hechos juzgados son los sucesos de Esquina de Toyo (en el municipio Diez de Octubre) y La Güinera (en Arroyo Naranjo), dos de los más citados por el Gobierno cubano y los medios oficiales por haber registrado incidentes violentos.
Según el comunicado del tribunal, los manifestantes volcaron varios vehículos, incluidas patrullas de las fuerzas de seguridad, lanzaron piedras, botellas y cócteles molotov contra instalaciones policiales y funcionarios del Ministerio del Interior, provocando «lesiones (…) y daños materiales importantes».
En enero, la fiscalía cubana cifró en más de 700 los acusados de participar en las protestas imputados de los delitos de sedición, vandalismo, robo y desorden público.
El inusual comunicado de la Fiscalía, que hasta ese momento no había revelado datos específicos sobre el proceso del 11-J, llegó después de un aluvión de quejas de familiares y activistas, que denunciaron la falta de transparencia de los juicios masivos y las largas penas de prisión ya entonces impuestas a algunos de los procesados.
Específicamente, dijeron que 790 personas habían sido «instruidas de cargo por actos vandálicos», según la información que proporcionó entonces el organismo en un comunicado.
Familiares de los acusados y activistas denunciaron que los juicios no son justos y las sentencias desproporcionadas.La organización defensora de los derechos humanos Justicia 11J aseguraba que los sentenciados habían recibido penas de prisión que van de los 4 a los 30 años.
En enero se supo que entre esos 790 acusados, había 55 jóvenes de entre 16 y 18 años. En Cuba la edad mínima de procesamiento penal es de 16 años, por lo que se les juzga como adultos.
«Estamos devastados», declaró a BBC Mundo en diciembre Luis Aguilar, padre de Walnier Luis, un joven de 21 años condenado a 23 años de cárcel por sedición. «Es una sentencia desproporcionada, y estamos atados de pies y manos porque no hay nadie a quien acudir», lamentó.
La fiscalía cubana considera ese tipo de acusaciones «manipulaciones y matrices de opinión» y aseguró haber «verificado el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso» en virtud de las leyes del país comunista.
