Un grave caso de corrupción ha salido a la luz en Yucatán, implicando a funcionarios del Catastro de Dzidzantún y a poderosos intereses privados que han invadido terrenos pertenecientes al municipio de Dzilam de Bravo. Este conflicto territorial tiene su origen en una serie de irregularidades que comenzaron en el puerto de Santa Clara, donde Miriam de Jesús Álvarez Duarte, propietaria de una parcela de tierra conocida como «Mina de Oro», habría utilizado su influencia para recuperar ilegalmente terrenos que el mar había reclamado, en detrimento de otras propiedades circundantes.
comenzó en 2006, cuando Álvarez Duarte, con la ayuda de funcionarios del Catastro de Dzidzantún, logró rectificar los límites de su propiedad hacia el oriente, recuperando así una superficie de 83.89 hectáreas que había perdido ante el avance de la zona marítima federal. Sin embargo, esta recuperación se realizó a costa de invadir terrenos adyacentes pertenecientes al municipio de Dzilam de Bravo, lo que desató una serie de denuncias y tensiones en la región.
Según un dictamen técnico emitido por la Dirección del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán en mayo de 2019, se comprobó que la rectificación realizada por Álvarez Duarte fue indebida, ya que invadió terrenos fuera de su jurisdicción legal. Este informe técnico detalló cómo el tablaje catastral número 4586, perteneciente a Álvarez Duarte, fue extendido de manera ilícita, afectando a propiedades vecinas y generando un serio conflicto territorial.
Carlos López Bolaños, uno de los propietarios afectados, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, abriendo la carpeta de investigación C2/52/2022. No obstante, la fiscalía determinó que no existía corrupción, una decisión que contradice el dictamen técnico del Catastro del Estado. Esta aparente contradicción ha generado sospechas de que Álvarez Duarte habría corrompido a funcionarios de la fiscalía para evadir la justicia.
Además, se señala la participación de abogados como Gabriel Abdala Berzunza y Armin Peraza, quienes, según informes, habrían utilizado su influencia y sobornos para facilitar las acciones de Álvarez Duarte. Se les acusa de traficar influencias entre diversas autoridades, asegurando que las irregularidades catastrales quedaran sin sanción.
El conflicto no solo ha afectado a los propietarios de terrenos en Dzilam de Bravo, sino que también ha tenido un impacto ambiental significativo. En su afán por desarrollar los terrenos invadidos, los responsables han utilizado maquinaria pesada para destruir manglares y rellenar corrientes de agua, causando un daño irreversible al ecosistema local. Estas acciones han generado una fuerte indignación entre los habitantes de la región, quienes exigen justicia y la restauración de los terrenos afectados.
A pesar de las evidencias presentadas y las recomendaciones del Catastro del Estado, el director del Catastro de Dzidzantún, Juan Argimiro Vivas Lizama, hizo caso omiso de las indicaciones para replantear los límites del municipio y la propiedad de Álvarez Duarte. Esta desobediencia ha perpetuado la injusticia, permitiendo que el conflicto territorial continúe sin solución.
Este caso de corrupción en Dzilam Bravo representa un claro ejemplo de cómo los intereses privados y la corrupción pueden socavar el estado de derecho y afectar tanto a propietarios legítimos como al medio ambiente. Los ciudadanos de Dzilam de Bravo exigen una investigación exhaustiva y la intervención de las autoridades estatales para corregir las irregularidades catastrales, sancionar a los responsables y restaurar la legalidad en la región.
El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión territorial y catastral en Yucatán, para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
