-Investigación federal pone al descubierto las tropelías de Francisco Ricardo Berdón
Por Bonifacio Zamacona
A inicios de 2017 y luego de que la Secretaría de la Función Pública sospechaba ciertas irregularidades en el manejo del puerto petrolero y comercial de Dos Bocas en Tabasco, que podrían resultar en afectaciones al patrimonio de la nación, su titular, Arely Gómez, decidió nombrar al frente del Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral a una reconocida funcionaria con experiencia, capacidad y lealtad probada en diversos ámbitos del quehacer gubernamental estatal y federal, Mónica Mollinedo Casanova.
Dentro de sus funciones estaba el recibir quejas, y denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de servidores públicos, así como investigar y calificar las faltas, como llevar a cabo las acciones que procedan, sustanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas e imponer sanciones, dar seguimiento a observaciones determinadas en las auditorias o visitas de inspección, conocer, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de sanciones a proveedores, licitantes, o contratistas, revisiones y visitas de inspección e informar a la Secretaría de la Función Pública, supervisar y vigilar todo el ingreso, egreso, manejo custodia y aplicación de recursos públicos federales en el puerto de Dos bocas.
Dos Bocas es la terminal marítima de donde sale gran parte del petróleo que exporta el país, donde también se reciben frecuentes cargamentos de combustibles refinados y de varios años para acá ha experimentado un fuerte desarrollo en el área comercial, lo que permite dimensionar el gran potencial que tiene para impulsar el desarrollo nacional.
Como parte de sus labores, Mollinedo Casanova empezó a revisar y realizar auditorías por todo el entramado organizacional de la API, siempre con la total cooperación del Director General, Miguel Ángel Servín Hernández, quien en todo momento manifestó apertura y disposición para deslindar las responsabilidades conducentes.
Producto de estas pesquisas, se detectó que el excapitán y Gerente de Operaciones de ese entonces, el ingeniero Francisco Ricardo Berdón Charles evitaba realizar el registro del ingreso, carga y descarga de varios contenedores en el puerto con la intención de evitar el pago de contribuciones y realizar el internamiento en territorio nacional de mercancía de dudosa procedencia, hechos por los que recibía pagos por más de dos millones de pesos mensuales. Un jugoso negocio.
Por ello, el OIC de la API a cargo de Mónica Mollinedo apretó el círculo contra el corrupto funcionario, quien en respuesta y al ver que podría ser acusado y procesado no solo por la SPF sino por la PGR empezó una campaña de hostigamiento profesional y personal contra esta funcionaria. Al grado, de en una ocasión introducir armas de grueso calibre a la terminal para hacer gala de su portación en las instalaciones de la OIC y más delicado aún, proferir improperios y amenazas contra la integridad de la funcionaria así como de sus familiares.
De ahí que se solicitase su cese inmediato, lo que sucedió en noviembre de 2017. Sin embargo, a la fecha, este ex funcionario y ex marino ha iniciado una campaña en medios y en redes para manchar el buen nombre de Monilledo.
Sobra decir que Berdón Charles forma parte de una mafia de huachicoleros en el puerto que fue expuesta en diversos diarios a mediados de 2018, quienes en contubernio con miembros del sindicato petrolero sacaron por años combustibles de esta terminal sin declarar su ingreso con lo que el daño a las arcas de la nación resulta incalculable.
Esperemos que las nuevas autoridades a cargo de la 4ª transformación tomen cartas en el asunto y decidan actuar de manera penal para meter a la cárcel a todo este grupo de gángsters, empezando por Francisco Ricardo Berdón.